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Contaminación electromagnética en Europa. Aspectos Legales

La situación de la contaminación electromagnética en Europa desde el punto de vista legal es como una pescadilla que se muerde la cola.

La Comisión Europea publicó el 12 de julio de 1999 una Recomendación del Consejo por la que se ponían límites a la exposición del público a campos electromagnéticos (de 0 a 300 GHz) en base a unas guías que relacionaban la exposición de este tipo de radiaciones a ciertos problemas de salud publicadas por un organismo no público denominado ICNIRP (en sus siglas inglesas Comisión Internacional para la Protección de Radiaciones no Ionizantes, distintas éstas de las ionizantes como los rayos X más conocidas por sus efectos perjudiciales en la salud). Dichos límites fijaron un límite de exposición máximo para la población general de 450 μW/cm2 para 900 MHz (frecuencias más bajas que usa actualmente la telefonía móvil para transmitir datos).

Desde entonces y a pesar de no sólo los cientos de estudios internacionales que pronto comenzaron a demostrar los efectos nocivos de los campos electromagnéticos para la salud y el medioambiente muy por debajo de esos límites, de las modificaciones legislativas que han llevado a cabo varios países fuera de la Unión Europea, de las numerosas recomendaciones científicas que han instado a la ejecutiva Europea a disminuir esos límites, la Comisión Europea sigue sin actualizar dichos niveles de protección.
 
 
A nivel científico, desde el mismo año 2000 empezaron a publicarse una serie de estudios científicos que demostraban que la radiación electromagnética (incluida la producida por móviles, antenas de telefonía móvil, wifi, wimax y un sinfín de tecnologías que usan radiofrecuencia en sus comunicaciones como el radar) tenían efectos biológicos y efectos adversos para la salud a niveles mucho menores que el nivel permitido por la Recomendación de 1999.

Más tarde, después de años de estudios científicos que demostraban la relación entre este tipo de radiaciones y efectos en la salud especialmente para poblaciones vulnerables como niños, mujeres embarazadas, las personas mayores y los enfermos, la Organización Mundial de la Salud en el año 2012, decidió clasificar este tipo de radiaciones como “posibles agentes cancerígenos para los humanos”.

A nivel político, esta evidencia científica bastó a muchos gobiernos fuera de la Comunidad Europea para reducir considerablemente los niveles permitidos de radiación a la que se expone al público en general. India, por ejemplo, en el 2011 adoptó unos límites 10 veces por debajo de la Recomendación de 1999 después de que un Comité Interministerial tomase en cuenta los distintos efectos en la salud de las radiaciones. Rusia decidió reducir los niveles máximos de exposición aproximadamente 45 veces por debajo de los límites fijados por la Comisión Europea en 1999 y recomendar que el uso de comunicación por móviles debía restringirse a usuarios menores de 18 años y a mujeres embarazadas. En los Estados Unidos, la FCC Guidelines de América en el 2007 estipuló que la radiación no debía superar los 9 μW/cm2 para 57-64 GHz, límite mucho más restrictivo que su equivalente fijado por la Comisión Europea.




A nivel de seguros, es interesante resaltar que las aseguradoras desde hace años consideran este tipo de radiación como un riesgo para la salud y por ello excluyen, como pasó hace unos años con el amianto, cubrir los riesgos causados por exposición a campos electromagnéticos en sus pólizas. La propia compañía Swiss Re-Insurance publicaba en 1996 un documento llamado “El riesgo fantasma” lo siguiente: “La necesidad de protección frente a los campos electromagnéticos ha sido reconocida. Bajo las presentes condiciones, las compañías aseguradoras se ven limitadas por un vacío legal porque los sistemas legales están todavía atrapados en un proceso gradual de cambio cuyo resultado parece incierto, y mientras la industria de los seguros tenga la responsabilidad de ayudar a dar forma a este cambio, no debe dejar que se la utilice como un agente que financie este proceso social”.

Dentro de Europa, cabe destacar que distintas voces han intentado persuadir a la Comisión a revisar dichos límites. Sin ir más lejos el mismo Parlamento Europeo en sus Resoluciones de 4 de septiembre de 2008 y 2 de abril de 2009 indicaba la necesidad de revisar dichos límites y la Comisión Permanente del Consejo Europeo mediante su Resolución 1815 del 27 de mayo de 2011 instaba a la Comisión a disminuir considerablemente los límites propuestos en 1999 y a tomar una serie de medidas para proteger especialmente los sectores más vulnerables de la población como niños, ancianos y mujeres embarazadas.
 
 
 
A finales del 2013 una organización española, la Fundación Vivo Sano (ONG especializada en salud medioambiental) con el apoyo de más de 30 organizaciones nacionales e internacionales inició una acción contra la Comisión Europea a través de la cual instaba a la Comisión a aplicar el principio de precaución mientras se seguía investigando la peligrosidad de este tipo de radiaciones.

A pesar de que pedimos al apoyo del Defensor del Pueblo Europeo, la Comisión Europea declaró que la Recomendación de 1999 contemplaba la revisión de estos límites a través de nuevos estudios científicos y declaró su intención de seguir esperando a que hubiera suficiente evidencia científica que probara que dichas radiaciones eran peligrosas para la salud.

Desde mi punto de vista, como coordinadora de dicha iniciativa social, considero que, como muchas de las temáticas que hoy plantean problemas de salud para la ciudadanía en general, es un problema claramente más político que científico.

Si en vez de esperar a tener más y más evidencia científica sobre un agente declarado ya como posible cancerígeno por la OMS, se actuase en pro de la prevención de un posible riesgo público, el frío e inútil monólogo de la Comisión Europea se convertiría en un diálogo que todos deseamos tener para llegar a una solución de proteger a la ciudadanía de un factor potencialmente cancerígeno antes de que se demostrara completamente su peligrosidad.

Como todavía no todos los estudios científicos apuntan a un único ganador, la Comisión alega que debemos esperar.

¿No sería más conveniente siguiendo el principio de precaución que protegiéramos a la ciudadanía hasta que se demostrara a ciencia cierta (esto es, sin ningún tipo de duda) que dichas radiaciones son inocuas?, ¿o parece lógico elegir no hacer nada y permitir, como pasó con el tabaco, el amianto, el DDT, o los rayos X exponer a la población a un potencial riesgo hasta demostrar que efectivamente mata?

La decisión por desgracia de promover un marco regulatorio prociudadanía y no pro-industria sigue estando dentro de un indestructible pequeño círculo de poder de la alta política Europea que prefiere esconderse bajo la duda científica y la aparente necesidad de demostrar a ciencia cierta la inocuidad de este tipo de radiaciones, antes de promover una adecuada protección de la población.

Si la ley permite este tipo de situaciones, imagino que no nos deberíamos escandalizar; sin embargo, ignorar la evidencia científica en la que se basa la OMS para declarar que este agente es potencialmente cancerígeno, ignorar que muchos países fuera de la CE ya 46 han establecido límites menores, ignorar los avisos de organismos europeos como el Parlamento o el Consejo de Europa, ignorar que este tipo de tecnología es una de las más populares hoy en día y que casi todos los ciudadanos europeos poseen un móvil, ignorar que la población potencialmente en riesgo es sustancial, ignorar que en el caso de las radiaciones provenientes de telefonía móvil la exposición es continua e involuntaria, ignorar los cientos de declaraciones científicas que evidencian la peligrosidad de este tipo de radiaciones, que exigen a los poderes públicos que actúen, y agarrarse a que no se puede declarar a ciencia cierta que este tipo de agente es tóxico con 100% de certeza, es desde luego, demasiada ignorancia.
 
Autor: Irina Rodríguez de la Flor

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