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Exposición masiva impuesta a campos electromagnéticos. ¿Qué podemos hacer?

Esta exposición masiva e impuesta se produce tanto en altas como en bajas frecuencias emitidas por dispositivos de radiofrecuencias principalmente la telefonía móvil y de redes de alta tensión y transformadores para su uso industrial o doméstico.

  • DESARROLLO O IMPLANTACIÓN DE FOCOS EMISORES DE RADIACIÓN
La telefonía móvil ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos veinte años, así como el despliegue de líneas de alta tensión y de transformadores para llevar la electricidad a las industrias y viviendas. Las cifras de la telefonía móvil son realmente asombrosas. En el Estado español, desde el 31 de marzo de 2006 hay oficialmente más líneas de teléfonos móviles que habitantes y en junio de 2013 el número de esas líneas era de 51.927.748. En todo el mundo se estima que más de cinco mil millones de teléfonos móviles están operativos, de una población total de casi siete mil millones de personas.
 
 
 
Para poder dar el servicio de la telefonía móvil se precisa de la instalación de estaciones base que, en el caso de España, es una cifra no conocida con exactitud, ya que existen estaciones base o antenas de telefonía móvil legalizadas, o que han pasado por un proceso de legalización, y otras que funcionan sin ningún tipo de autorización o conocimiento por parte de la administración.

Según nota de Europa Press de 15 de marzo y según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en España existen 71.998 estaciones base autorizadas e inspeccionadas y otras 75.319 que tienen el proyecto aprobado y han pagado las preceptivas tasas de inspección, pero les falta completar la puesta en servicio. Además de estas casi 150.000 antenas, otras 8.405 están en fase de instalación, y numerosas picoantenas emiten sin autorización expresa. Cada estación base de telefonía móvil, comúnmente denominada “antena”, emite de continuo campos electromagnéticos artificiales o radiaciones no ionizantes. Así, personas que transitan, habitan o trabajan en las inmediaciones de una antena están constantemente recibiendo estas radiaciones muchas veces sin su conocimiento ni consentimiento.

  • EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Este despliegue del sistema de telefonía móvil ha supuesto ocupar el espacio con campos electromagnéticos y una invasión de radiaciones no ionizantes que llegan a penetrar en los cuerpos de las personas. Hoy existen muy pocos espacios libres de esas radiaciones. Es un hecho insólito y totalmente novedoso. Nunca se ha sometido a la especie humana de forma tan rápida y generalizada a unas condiciones distintas a las que lleva desenvolviéndose desde su existencia.


Existen numerosos estudios que relacionan la exposición a estas radiaciones con afecciones a la salud. Científicos y estudiosos como Mª Jesús Azanza, José Luis Bardasano, Olle Johansson, Pedro Costa, Emilio Mayayo, Raúl de la Rosa o Ceferino Maestu, entre otros muchos, alertan sobre los peligros para la salud de la exposición a las radiaciones de la telefonía móvil, al igual que desde diversas conferencias internacionales de científicos, como Salzburgo (2000), Friburgo (2002), Helsinki (2005), Benevento (2006), Londres (2007 y 2008), Venecia (2007), París (2009), Stavanger en Noruega (2009) o la de Porto Alegre en Brasil (2009), entre otras, así como desde organismos de reconocido prestigio y credibilidad, como la OMS.

En el año 2001 la Organización Mundial de la Salud clasificó las bajas frecuencias, que son las de las líneas de alta tensión o los transformadores eléctricos, como “posiblemente cancerígenas” y en el año 2011 lo ha hecho con las radiaciones de la telefonía móvil clasificándolas también como “posiblemente cancerígenas”.

Otro hecho significativo es que las compañías de seguros excluyen los daños por contaminación electromagnética en sus pólizas de seguros suscritas con las compañías de telecomunicaciones. Siendo ésta una cuestión que en el Parlamento Europeo genera preocupación:
“27. Manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que las compañías de seguros tiendan a excluir la cobertura de los riesgos vinculados a los CEM de las pólizas de responsabilidad civil, lo que significa claramente que las aseguradoras europeas ya están aplicando su propia versión del principio de cautela”. (Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2009, sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos).
 
 
 
Alguna de estas pólizas en su día estableció de forma muy clara y rotunda dicha exclusión:
“13. EXCLUSIÓN USO TELÉFONOS MÓVILES. Se hace expresamente constar que por esta póliza no quedan cubiertas las responsabilidades legales con respecto a daños personales, enfermedad, incapacidad de cualquier tipo, muerte, enfermedad mental, angustia mental, dolor mental o físico, trastorno o deterioro o desorden mental o físico o cualquier síntoma mental o físico causado o supuestamente causado o contribuido por el uso continuado de teléfonos móviles”. (Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil suscrita por Airtel Móvil con la Compañía Royal & SunAlliance).

El Tribunal Supremo de Italia en fecha de 3 de octubre de 2012 dictó una sentencia que relaciona la aparición de un tumor cerebral en un trabajador, Innocente Marcolini, que utilizaba entre 5 y 6 horas al día y durante 12 años un teléfono móvil, con las radiaciones que el dispositivo emitía y llegaban a su cabeza, y el derecho a ser indemnizado por ello. Esto supuso un reconocimiento importante en la relación causa-efecto de exposición a las radiaciones del móvil y la aparición de patología oncológica y en el derecho de resarcimiento de daños por los afectados.

  • REGULACIONES. CONTROVERSIA
Esta imposición a la exposición a campos electromagnéticos ha generado una importante oposición social. Las asociaciones de afectados denuncian la aparición de numerosas patologías principalmente oncológicas en personas cercanas a estas fuentes de emisión. Existen casos crecientes de personas afectas de electrohipersensibilidad.

Llama la atención que no existan estudios epidemiológicos públicos relativos a las afecciones de las personas expuestas en cercanías de estaciones base de telefonía móvil. Estudios que no se han hecho y que son necesarios. Las personas afectadas se han dirigido principalmente a los ayuntamientos como entidad más próxima, pidiendo que las instalaciones se alejen de los núcleos poblados y especialmente de las zonas sensibles, entendiendo como tales donde están un elevado número de horas personas más vulnerables, como son los niños, enfermos o ancianos. Ello ha desembocado en cientos de ordenanzas que regulan la materia, muchas de ellas con el denominador común de establecer distancias sobre lugares habitados y zonas vulnerables. Las compañías han recurrido siempre estas ordenanzas alegando que se trata de una competencia estatal exclusiva, sobre la que los ayuntamientos no pueden actuar. El Tribunal Supremo, en repetidas sentencias, ha validado la competencia municipal para regular estas materias, cambiando recientemente su posicionamiento respecto al establecimiento de niveles de protección más estrictos, pero manteniendo otras muchas posibilidades de actuación como son la exigencia de la presentación de un plan de implantación, el compartimiento de instalaciones y el sometimiento a licencia y a estudios de evaluación ambiental de dicho despliegue, entre otras cuestiones.
 
 
 
  • NIVELES DE EXPOSICIÓN
En el Estado español, los niveles de exposición vienen fijados por el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, que recoge la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos, estableciéndose, en definitiva, unos niveles permitidos de hasta 450 microvatios/cm2 (μW/cm2) para la mayor parte de la telefonía móvil. Estos niveles fueron declarados obsoletos por el Parlamento Europeo en el año 2008:
“22. Constata que los límites de exposición a los campos electromagnéticos establecidos para el público están obsoletos, ya que no han sido adaptados desde la Recomendación 1999/519/CE del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), lógicamente no tienen en cuenta la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, las recomendaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente o las normas de emisión más exigentes adoptadas, por ejemplo, por Bélgica, Italia o Austria, y no abordan la cuestión de los grupos vulnerables, como las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los niños”. (Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de septiembre de 2008, sobre la Revisión intermedia del Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010).

Y son muy criticados también por la comunidad científica internacional, que antes señalábamos, quien ya desde el año 2001 viene pronunciándose sobre la conveniencia de que no se sobrepase el nivel de 0,1μW/cm2, es decir, 4.500 veces menos, porque han llegado al convencimiento de que puede haber efectos biológicos a dosis superiores a ese umbral.

En la Comunidad de Castilla-La Mancha desde el año 2001 viene aplicándose una normativa por la que las zonas sensibles no pueden sobrepasar dicho nivel de emisión de 0,1μW/cm2.
En fecha de 27 de mayo de 2011 el Consejo de Europa aprobó por unanimidad la Recomendación nº 1815, por la que se acuerda:

“8.2.1. Establecer umbrales de prevención para los niveles de exposición a largo plazo a las microondas en todas las zonas interiores, de conformidad con el Principio de Precaución, que no superen 0,6 voltios por metro, y a medio plazo reducirlo a 0,2 voltios por metro”.

Este umbral para la actualidad es equivalente a 0,1μW/cm2, 4.500 veces menor, y para medio plazo 45.000 veces menor que los permitidos en el Estado español.

El Parlamento Vasco acordó por unanimidad en fecha 5 octubre de 2011 adherirse a dicha Recomendación del Consejo de Europa, al igual que las Juntas Generales de Gipuzkoa también por unanimidad el día 15 de mayo de 2012. El Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián lo hizo en declaración institucional de fecha 7 febrero de 2013 suscrita por todos los concejales.

Es una contradicción que el Gobierno central aprobara en Kiev esta Recomendación del Consejo de Europa y no establezca un umbral de exposición coincidente en la normativa interna. Pienso que el Gobierno debe de cumplir de inmediato con dicha Recomendación y establecer dichos cambios en la normativa.

Las comunidades autónomas pueden regular la materia en el marco de sus competencias, desde el punto de vista de la ordenación del territorio, de la protección del medio ambiente y de la salud; así como los ayuntamientos, receptores de la mayoría de las quejas de las personas afectadas, que tienen competencias en estas materias y son los titulares del dominio público en muchos casos afectado. Pueden y deben establecer ordenanzas garantistas tras evaluar su realidad del término municipal.

En definitiva, en lo que se refiere a la actuación de las instituciones, hay mucho trabajo que hacer. Asumir los niveles de protección que establece la Recomendación del Consejo de Europa de 0,1μW/cm2 para todo el territorio del Estado, con especial protección a las zonas vulnerables; el reconocimiento de la electrohipersensibilidad como una patología derivada de la exposición forzada a estas radiaciones; la implementación del control municipal en base a ordenanzas relativas a la ordenación del territorio, planeamiento, impacto medioambiental y de salud; la aprobación de protocolos y presupuestos para realizar estudios epidemiológicos y el estudio para establecer zonas libres de campos electromagnéticos artificiales serían prioritarias.

  • LAS ASOCIACIONES DE AFECTADOS TIENEN MUCHO QUE DECIR Y SU CONCURSO PUEDE RESULTAR CLAVE PARA RACIONALIZAR ESTE CONFLICTO
Por otro lado, las personas usuarias o copropietarias de inmuebles que van a ser afectadas si existe la propuesta de instalar una estación base de telefonía móvil y la posibilidad de que sea expropiada parte de su azotea, según la nueva regulación de la Ley de Telecomunicaciones, pueden oponerse y hacer valer sus derechos a la propiedad y a la salud. Hasta la fecha los Tribunales de Justicia vienen reconociendo la necesidad de unanimidad en el consentimiento de la implantación de estas instalaciones, siempre que se demuestre que no existe un abuso de poder y se justifique la oposición a dicha instalación.
 
Autor: Alberto Arrate

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