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Desincentivar el uso de pesticidas

La Administración española debe adoptar medidas que, a diferentes niveles, frenen la propensión a un empleo desaforado de pesticidas. Probablemente algunas de estas medidas puedan molestar a los sectores que, como el de los fabricantes y vendedores de estas sustancias, están interesados en que no haya frenos a sus actividades y al crecimiento de sus ventas. Pero los intereses generales de una nación -sanitarios, ecológicos y económicos- no deben supeditarse a los intereses de un sector concreto.

Ha de advertirse de la enorme capacidad de influencia que tienen algunas de las empresas involucradas, que se cuentan entre las mayores industrias químicas del planeta, y su capacidad de maniobrar para desactivar iniciativas políticas que puedan juzgar que van contra sus intereses particulares. No obstante, así como estas empresas se deben a sus accionistas y buscan su propio beneficio, los poderes públicos han de deberse a la generalidad de los ciudadanos y al beneficio de estos, en pro de lo cual han de estar dispuestos a adoptar medidas valientes sustrayéndose a cualquier tipo de presión.

Entre las medidas que pueden emplearse para desincentivar el uso de pesticidas, y que están en manos de la propia Administración, está la de vigilar que el destino de los fondos públicos que se asignan a determinados sectores no sirvan para favorecer un uso excesivo de los pesticidas sino, antes al contrario, para desanimar su empleo.

La FAO se refiere a ello en las indicaciones que da a los gobiernos en su Código de Conducta cuando dice que “los gobiernos deben asegurar que cualquier subsidio o fondos a los pesticidas no lleven a un uso excesivo o injustificado que pueda distraer el interés respecto de medidas alternativas más sostenibles”. También dice que entre las “herramientas se incluye el uso de instrumentos financieros (tasas y subsidios) para desanimar o animar el uso de ciertos métodos de producción o grupos de pesticidas. Además de la acción regulatoria, los gobiernos pueden animar a las partes interesadas a adoptar medidas voluntarias. Los instrumentos financieros pueden jugar un papel en tal promoción”.

En este sentido la Administración española tiene un amplio margen de maniobra para influir en la potenciación de un menor uso de pesticidas mediante la condicionalidad de la asignación o no de una serie de fondos de los presupuestos públicos a según qué usos agrarios. Esto puede arbitrarse sean fondos autonómicos, nacionales o de la Unión Europea, por ejemplo.


El que contamina debe pagar

Otra forma económica de desincentivar el uso de pesticidas es la creación de impuestos. Un ejemplo de ello, que podría inspirar semejantes acciones en España, es el de Dinamarca donde la creación de un nuevo impuesto ha creado ya una fuerte base para la reducción de la carga de pesticidas. Como dicen las autoridades danesas en su estrategia “ahora la industria agrícola es obligada a pagar por los efectos de los pesticidas sobre la salud humana, la naturaleza y las aguas subterráneas” y ello puede influir en las decisiones de los agricultores sobre el uso de los pesticidas, a fin de reducir sus costes.

Por otro lado, ello sería congruente con el espíritu de un principio que debería comenzar a aplicarse en España y que hasta ahora lo ha sido poco: el principio de “el que contamina paga” que ha sido recogido por la legislación europea (por ejemplo por la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales que a nivel nacional traspone la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental).

Este tipo de medidas son importantes también porque contribuyen a la creación de una imagen no distorsionada de los beneficios reales y no ficticios de algunas formas de producción, al computarse realmente todos los costes que generan (por ejemplo los sanitarios y ambientales). De ese modo es probable que algunas formas de producción irresponsables y que solo en apariencia son más “competitivas” queden en evidencia por generar realmente más pérdidas que beneficios para el conjunto de la sociedad española. Ciertas formas de producción que en pro de intereses particulares muy limitados y cortoplacistas pueden generar costes que luego ha de pagar toda la sociedad durante mucho tiempo y a
veces de forma muy severa. Pensemos, por ejemplo, en un acuífero que puede quedar contaminado con pesticidas durante siglos generando riesgos sanitarios y ambientales, y en los desorbitados costes de unas labores de descontaminación del mismo (si es que pudieran acometerse con unas mínimas garantías de eficacia) a cargo del erario público.

Son medidas vinculadas a la necesaria internalización de los costes ambientales, consagrada, por ejemplo, en el principio 16 del anexo I de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, y claramente, si se aplicasen se produciría una racionalización de los mercados ya que se tendría en cuenta, realmente, lo que cuesta producir algo según un sistema u otro. De modo que se vería que, a lo mejor, lo que cuesta producir unas hortalizas supuestamente un poco más “baratas”, usando técnicas agrícolas irracionales con alto consumo de pesticidas, supera en varios órdenes de magnitud el coste real de producirlas ecológicamente.

Con independencia de ese tipo de consideraciones, y si pensamos ya tan solo en el beneficio económico de muchos agricultores, aparte del ahorro en la compra de pesticidas, el descenso en su empleo ocasionará unas mejores expectativas de mercado (por ejemplo de cara a la exportación), entre otras ventajas.


El necesario fortalecimiento de la regulación

Hay una serie de elementos importantes que deben establecerse claramente en relación a la regulación de los pesticidas. Entre ellos:

 Son precisos sistemas más estrictos para la aprobación de pesticidas, mejorando los actuales sistemas de evaluación mediante una más rápida incorporación de los conocimientos científicos (disrupción endocrina, efecto combinado,...).

 Adoptar medidas más exigentes para proteger las aguas superficiales y subterráneas, estableciendo mayores restricciones y extendiendo las zonas donde debe limitarse o prohibirse el uso de pesticidas, y rebajando los niveles permitidos de estos contaminantes en las aguas.

 Rebajar los niveles permitidos de residuos de pesticidas en los alimentos.

 Fortalecer el control de los pesticidas estableciendo penalizaciones más severas para quienes violen las normas que se establezcan o, por ejemplo, importen o usen pesticidas ilegales.

La política española actual contrasta vivamente con la de otras naciones europeas, partidarias de una regulación más estricta de los pesticidas. España debe abandonar su tibieza y hacer caso del conocimiento científico existente.

Ciertos criterios toxicológicos obsoletos, más permisivos, y que han conducido a una subestimación de los riesgos ambientales y sanitarios de muchos pesticidas han de ser superados. La Administración española debe dejar de apoyarlos incorporando lo que hoy dicta el consenso mayoritario de la ciencia.

Los ciudadanos españoles merecen que las autoridades que deben velar por su salud se basen en el conocimiento científico actualizado, más reciente, y establezcan, basándose en él, una regulación más estricta. De ese modo es probable que pueda restablecerse una confianza en la seguridad de los alimentos que, como muestran los resultados del Eurobarómero (que podemos ver en otro apartado de este informe), no tienen amplios porcentajes de la población española. En especial en lo que tiene que ver con los residuos de pesticidas.

Los españoles han de tener claro que en sus alimentos o en su agua no haya residuos de pesticidas que puedan ser altamente preocupantes por sus efectos (carcinogénicos, mutagénicos, tóxicos para la reproducción o disruptores endocrinos).



La administración no debe ceder a la presión de industrias que se resisten a una mejor regulación

Lamentablemente, hasta ahora, las autoridades españolas no han manifestado demasiada firmeza. Incluso se han dado pasos hacia una simplificación de los procesos de registro y de los trámites para la aprobación de pesticidas. Sintomáticamente, la industria fabricante de pesticidas agrupada en AEPLA, manifestó su contento sobre las iniciativas gubernamentales para “agilizar la disponibilidad de pesticidas”.

A AEPLA (como se ve en su Memoria de actividades de 2012) le parecía “preocupante el desarrollo de nuevas regulaciones en el ámbito europeo, que vuelven a poner en la mesa el debate sobre la peligrosidad o el riesgo de los productos fitosanitarios”. Decían que la toma de decisiones, según ellos, podían ser “desproporcionadas”, “sesgadas” y “sin análisis de impacto”, y eran “motivo de gran preocupación”. Manifestaban su temor porque una serie de medidas exigentes en cuanto a la protección de la salud pública pudiesen dificultar la rápida comercialización de sus productos.

En la Unión Europea parecía que estaba produciéndose cierto avance en el sentido de que escuchar la voz de centenares de investigadores de prestigiosas instituciones de todo el mundo, que pedían que en las evaluaciones toxicológicas dejasen de aplicarse criterios obsoletos y se tuviese en cuenta el conocimiento científico, manifestado en miles de estudios realizados en las últimas décadas. Un conocimiento científico que llevaba a juzgar que ciertas evaluaciones de toxicidad convencionales tendían a subestimar los riesgos y que había que evaluar más estrictamente una serie de posibles efectos que pueden producirse aún a bajísimas concentraciones, como los de disrupción endocrina.

Sin embargo, y ello es muy elocuente, en AEPLA se mostraban extraordinariamente satisfechos por las medidas emprendidas por el Gobierno español como aquellas que “con el objetivo de promover la disponibilidad de productos eficaces en el control de plagas, enfermedades y malas hierbas, a la vez que respetuosos” -según AEPLA- “con la salud y el medio ambiente, se establecerán medidas que favorezcan la disponibilidad y registros de nuevos productos fitosanitarios”. También aplaudían que se instrumentasen “acciones conjuntas a nivel comunitario y nacional que agilicen los sistemas de reconocimiento mutuo”.

AEPLA decía que iba a “continuar con su empeño” en la, para ellos, “mejora del proceso de registro, hasta ver materializados los cambios anunciados por la nueva Administración” en el sentido de agilizar los trámites para poner pesticidas en el mercado.

Es comprensible el interés de los fabricantes de pesticidas por poner rápidamente en el mercado nuevos productos y que pueda molestarles que evaluar más estrictamente el riesgo para la salud de los mismos suponga un retraso o incluso pudiera impedir tal puesta en el mercado. Pero es de esperar que las autoridades no tengan solo en cuenta el interés de estas empresas sino, prioritariamente, que promuevan la muy exhaustiva investigación acerca de sus posibles riesgos, desde criterios muy exigentes, y lleve el tiempo que lleve.

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