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Jurisprudencia

También puede  ser interesante tener conocimiento sobre sentencias que han marcado un precedente y en las que nos podemos respaldar ante una situación similar. Se entiende por Jurisprudencia el conjunto de sentencias dictadas por jueces y tribunales y el criterio que estas establecen. Cuando estos criterios se vuelven reiterados, hablamos de Doctrina.

Jurisprudencia:

 Cuatro casos recientes sobre el AMIANTO (asbesto), uno de los componentes del fibrocemento, un material de construcción utilizado en España hasta su prohibición definitiva en 2001. Está compuesto por fibras microscópicas que pueden permanecer en suspensión en el aire el tiempo suficiente para que representen un riesgo respiratorio cuando el contacto es prolongado y se manipula el material.

a) El Juzgado de Primera Instancia número 38 de Madrid ha condenado a Uralita a pagar indemnizaciones por un total cercano a los trescientos mil euros por la muerte de cuatro mujeres que inhalaron amianto de las ropas de sus esposos, trabajadores de la factoría de dicha empresa en Getafe. La empresa se dedicaba a la fabricación de materiales de construcción, entre ellos placas de fibrocemento, conocidas como tejados de uralita, para lo cual empleaba cemento y amianto.

Los demandantes alegaron que las cuatro mujeres, expuestas de forma cotidiana al amianto, se ocuparon de la limpieza, sacudida y planchado de la ropa de trabajo y del calzado de sus maridos, prendas de trabajo impregnadas de polvo de amianto que se producía constantemente en la fábrica de Getafe, que quedaba adherido a la ropa de trabajo.

Uralita argumentó que siempre actuó con diligencia máxima respecto al uso del amianto en su fábrica de Getafe y que empleó inversiones millonarias en sus instalaciones, cumpliendo la normativa de seguridad e higiene, sin ninguna inspección negativa. Sin embargo, el juez declara probado que en la factoría de Getafe el polvo de amianto flotaba en el ambiente y los operarios regresaban a sus domicilios con la ropa y los zapatos de trabajo. El juez señala que Uralita pudo disponer lo necesario para que la ropa de trabajo fuera lavada en la empresa o contratar a un tercero pero obligó a los trabajadores que se ocuparan de ello.

Ver más en: El Mundo (27/01/2015) Uralita indemnizará a cuatro mujeres que murieron por inhalar amianto de la ropa de sus esposos”

b) El Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao condenado a Izar Construcciones Navales a indemnizar en concepto de daños y perjuicios con 194.794,06 euros a un trabajador de 61 años al que se le reconoció una incapacidad absoluta por padecer "asbestosis con engrosamiento y placas pleurales calcificadas y síndrome restrictivo severo por amianto".

La sentencia daba por probado que el amianto fue un material muy utilizado como aislante en los años 70 y principios de los 80 en el astillero, siendo manipulado en las juntas y en el aislamiento de las tuberías. Mientras el operario trabajaba de tubero, coincidía en el mismo espacio con otros gremios que realizaban el calorifugado de los tubos con amianto. Al trabajador, de 61 años, se le diagnosticó la enfermedad en enero de 2012 y, un año después, el Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconoció la incapacidad permanente absoluta.

En recurso posterior (ver pdf de la sentencia), no discutiéndose que el fallecimiento se produjo por la exposición al amianto y, por tanto, la contingencia profesional que determina las prestaciones por muerte del trabajador, la Sala ha reducido la indemnización inicialmente impuesta al 25%, dado que existe otra circunstancia que agravó la enfermedad, y es que el fallecido era fumador de larga duración.

Ver más en Iustel (13/01/2015): Condenada una empresa a pagar 195.00 euros a una víctima de amianto

c) Los representantes de 20 fallecidos y 51 lesionados por el amianto presentaron querella contra la Unión Naval de Valencia S.A. La Audiencia Provincial, en septiembre de 2009, dictó una sentencia condenatoria contra el representante legal de la empresa y tres jefes de seguridad laboral. Las peticiones iniciales del fiscal de 34 y 54 años de prisión; por acuerdo, se redujeron a menos de 2 años, para evitar el ingreso en prisión y a una indemnización global de 11 millones de euros para todos los demandantes.

Como después de esta sentencia han fallecido 19 personas más, de nuevo se presentó una querella que fue archivada por considerar la jueza de turno que los hechos ya habían sido juzgados. Sin embargo, las acusaciones particulares recurrieron la decisión y la Audiencia ordenó que se reabriera la causa.

El tribunal sostuvo que la primera sentencia no agotó el desvalor de los hechos u omisiones cometidos por los responsables si con posterioridad se habían detectado nuevos fallecidos. La anterior juez trató de nuevo de dar carpetazo al asunto alegando que los hechos eran faltas y, por tanto, estaban prescritas. La Audiencia, por segunda vez, la corrigió. En ese último auto, le instó a que se pusiera a investigar y le recriminó su inactividad durante el último año. Tras esto, se imputó a siete responsables de los citados astilleros. La conformidad que ahora se negocia es de 20 millones en indemnizaciones y debe contar con el visto bueno de la Fiscalía.

Ver: Sentencia T.S. (Sala 4) de 23 de abril de 2012 y Sentencia T.S. (Sala 4) de 26 de marzo de 2013

Ver  más en Las Provincias (03/ 07/2014): Unión Naval y víctimas del amianto negocian pagar 20 millones en indemnizaciones

d) El grupo público Navantia tendrá que indemnizar con 90.000 euros a la familia de Jerónimo Álvarez Pala, trabajador de astilleros españoles entre 1957 y 1963, tras una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz, que considera como hechos probados que en los trabajos desempeñados por el operario naval, "al cortar o desforrar tuberías cubiertas de amianto inhalaba directamente tal polvo de amianto".

Jerónimo Álvarez falleció el 27 de septiembre de 2011. Un mes antes, su viuda recibió un informe del Hospital Universitario Puerta del Mar acreditando la sospecha de que el óbito se produjo por una enfermedad profesional originada por el amianto.

A la hora de fijar la indemnización, más reducida de lo reclamado por la familia, el juez consideró que si bien el trabajador solo estuvo seis años en el astillero, la inspección sanitaria consideró que falleció a causa de una enfermedad profesional.

En la sentencia, el juzgado gaditano ha estimado parcialmente la demanda familiar, condenando solidariamente a Navantia y a Izar a indemnizar a la viuda del fallecido, en la cantidad de 81.634,87 euros y a sus dos hijos en la cantidad de 9.070,54 euros en concepto de daños y perjuicios acreditados, por el fallecimiento del esposo y padre de los demandantes, respectivamente.


ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la licencia ambiental y de obras concedida por el Ayuntamiento para una estación de antenas de telefonía situada en el número 12 de la plaza Ribera de Castilla. El alcalde, Francisco Javier León de la Riva, ha dictado un decreto el 26 de enero de 2015 con el que ordena el desmonte, la demolición y el corte del suministro eléctrico  de la estación de telefonía móvil propiedad de Telefónica de forma inmediata y, en todo caso, en un plazo máximo de diez días contando desde el siguiente al de la notificación de esta resolución. (Ver pdf de la Sentencia).

La Asociación Vecinal Rondilla siempre ha mantenido que la instalación de dichas antenas es perjudicial para la salud. El lugar elegido contraviene lo estipulado en la ley que estipula que entorno a los 100 metros de dichas antenas no debe haber lugares sensibles tales como el colegio de Educación Primaria José Zorrilla, el centro de salud, la piscina cubierta, el Centro de Personas Mayores y la zona de juegos infantiles de dicha plaza. Todos ellos se encuentran dentro de dicho margen.

Tras tener conocimiento de esta sentencia y el posterior decreto de alcaldía, Izquierda Unida ha emitido un comunicado para advertir al Equipo de Gobierno municipal de que no debe buscar atajos al cumplimiento de la sentencia. En opinión de Izquierda Unida, el Ayuntamiento de Valladolid se ha mostrado insensible ante las demandas de miles de vecinos que han reclamado un elemental principio de precaución ante la instalación de unas antenas que se ubican en “espacios sensibles”. Ven necesaria la redacción de una nueva Ordenanza que regule la instalación de antenas de telefonía móvil.


SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE

a) El 10 de julio de 2013, el Juzgado de lo Social número 4 de Valencia reconoció a una exempleada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de Valencia que la Sensibilidad Química Múltiple que padece -y por la que quedó incapacitada para trabajar- tiene origen profesional por la exposición continuada a plaguicidas. Por ello se condenó a los demandados a estar y pasar por dicha declaración y al INSS a abonar una prestación equivalente al 100% de base reguladora mensual con las mejoras y revalorizaciones oportunas. (Ver pdf de la Sentencia).

En este caso no se cuestionaban las patologías de la mujer, declarada afectada de incapacidad permanente absoluta, sino el origen laboral de dichas patologías que consisten en síndrome de sensibilidad química, síndrome de fatiga crónica y síndrome de ojo seco, considerando que su origen se encuentra en la exposición a diferentes agentes químicos mientras prestó servicios en el Instituto de Biología Molecular. En un informe del propio Servicio de Prevención del CSIC se señalaba que el riesgo de exposición a agentes químicos en dicho puesto era "muy elevado en relación a ocho plaguicidas".

Hasta que no se produjo la exposición a dichos productos la trabajadora no tuvo ningún síntoma y tampoco se acreditó la existencia de una predisposición o patología de base que pudiera inclinar la enfermedad. De esta forma se estimó la demanda interpuesta por la que se reconocía como enfermedad laboral la dolencia que padecía y que ella atribuía a que entre agosto de 2004 y septiembre de 2006 realizó tratamientos con plaguicidas, en concreto fitosanitarios, en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas.

Ver más en El Mundo (23/07/2013): Un juez admite el origen laboral de la sensibilidad química de una ex empleada del CSIC

b) El Juzgado de lo Social nº 3 de Córdoba concedió el 4 de julio de 2013 la Incapacidad Permanente Absoluta a una persona afectada de Sensibilidad Química Múltiple en contra de lo dispuesto anteriormente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería Nacional de la Seguridad Social. Acudió como perito médico la Dra. Pilar Muñoz-Calero Peregrín. De este modo, la paciente y demandante, que padecía Sensibilidad Química Múltiple, Síndrome de Fatiga Crónica, Fibromialgia y trastorno depresivo asociado, fue declarada en situación de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo. (Ver pdf de la Sentencia).

 


PESTICIDAS Y PLAGUICIDAS

a) En 2011, un juez de lo social de Barcelona reconoció como accidente laboral la leucemia que una trabajadora de la limpieza, ya fallecida, contrajo debido a su exposición a productos plaguicidas.

En su sentencia, el Juzgado de lo Social número 12 de Barcelona estimó la demanda presentada por el viudo de la trabajadora contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Mutua Fremap y reconoció su derecho a cobrar la pensión correspondiente por accidente laboral.

La mujer estuvo trabajando desde el año 1992 en el servicio de limpieza de una empresa que realizaba unos seis tratamientos anuales con plaguicidas en su edificio. En noviembre de 2006, se realizó una fumigación en la sede de la empresa para eliminar insectos que provocó a la mujer distintas molestias, como dolor de cabeza, picor de ojos y garganta y dificultades para respirar. A los pocos meses de esa exposición a plaguicidas, la fallecida presentó un proceso tumoral de origen tóxico por el que se le concedió la invalidez permanente y que le acabó provocando la muerte en junio de 2008. El juez concluyó que, dado el "incuestionable carácter cancerígeno" de los productos insecticidas utilizados por la empresa, existió una relación de causalidad entre la exposición de la trabajadora a los fumigadores y la patología que le causó la muerte.

Ver más en ABC (03/11/2011): Un juez reconoce como accidente laboral la leucemia contraída por plaguicidas

b) En 2012, Monsanto fue declarado culpable por el Tribunal de Gran Instancia de Lyon. La empresa estadounidense líder de los productos agrícolas de síntesis y las semillas genéticamente modificadas fue condenada a indemnizar por daños y perjuicios a un agricultor francés de 47 años que, en 2004, inhaló por accidente su herbicida Lasso, retirado definitivamente de Francia y otros países en 2007. El agricultor comenzó a padecer náuseas, tartamudeo, vértigo, dolores de cabeza y otros trastornos que lo obligaron a interrumpir su actividad durante un año. Para Paul François y otros campesinos que han sufrido las graves secuelas provocadas por el contacto con dicho artículo, la sentencia es un triunfo y podría sentar Jurisprudencia para que se produzcan otras similares.

Tres años más tarde, el agricultor consiguió que la justicia gala reconociera sus trastornos como enfermedad profesional. Animado por esta primera sentencia laboral, decidió erigirse en portavoz de las víctimas de pesticidas e inició una demanda individual contra Monsanto. Su abogado alegó que la compañía norteamericana faltó a su "deber de informar" al no detallar la composición del producto en la etiqueta y no advertir sobre los riesgos de inhalación ni sobre la necesidad de utilizar una máscara al manipularlo.

Ver más en El Mundo (14/02/2012): Monsanto, condenada en Francia por la intoxicación de un agricultor

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